El Tratado Antártico, en vigor desde junio de 1961, establece el marco legal para la gestión del continente helado a través de reuniones consultivas de sus estados miembros.
En esencia, el documento dispone que la Antártida sea un santuario natural y científico, libre de actividades militares, de explosiones nucleares y residuos radiactivos. Siete países -Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Noruega- mantienen reclamaciones sobre su territorio, peticiones «congeladas» en virtud del artículo 4 del tratado.
Estas reivindicaciones, en general, no son reconocidas por otros estados ni por la ONU, aunque algunos de los que optan al pastel sí lo hacen mutuamente, con matices -algunas zonas se solapan-. Con 14 millones de kilómetros cuadrados y una banquisa invernal que duplica su superficie, la Antártida podría contener importantes depósitos de petróleo, gas y minerales en la plataforma continental.
La caza de ballenas y focas ya fue explotada en el pasado. La cuestión es quién dará el primer paso para asaltar esta despensa.
26/08/07
ABC
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